Una grave denuncia de cohecho aqueja a una funcionaria del área de extranjería de la Gobernación de Quillota. La mujer que está siendo investigada por la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) de la Fiscalía de Valparaíso, habría cobrado $80 mil a extranjeros (en su mayoría haitianos y venezolanos), para gestionar la tramitación de regularización de su situación migratoria.
Por su parte el Gobernador Iván Cisternas interpuso la denuncia en el mes de septiembre, tras enterarse de otra irregularidad: la presunta venta de contratos “ideológicamente falsos” por parte de un empresario a inmigrantes.
De confirmarse el grave delito, además de la situación judicial, la funcionaria de la gobernación podría ser desvinculada de su trabajo.
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